Aunque la misión de la Iglesia es de orden espiritual, sin embargo, necesita disponer de recursos económicos para desarrollar adecuadamente las tareas de la evangelización. En el manejo de estos recursos económicos han de presidir siempre criterios de austeridad, desprendimiento y solidaridad, así como una clara y prudente administración de los bienes en función de los fieles. La representación de la parroquia la realiza el párroco, que goza de capacidad jurídica para adquirir, poseer y administrar bienes. El párroco debe ser asistido por un Consejo o Junta Económica, cuya conveniencia nace no sólo por motivos técnicos sino por exigencias pastorales, que expresen la concepción comunitaria de la parroquia. Así la comunidad parroquial aparece como sujeto principal de la función económica de la parroquia, y sobre ella recae la obligación solidaria de su buen funcionamiento. ¿Cómo funciona? Son funciones propias de la Junta Económica: Contribuir a formar eficazmente la conciencia de los fieles acerca de su deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Arbitrar los recursos ordinarios y extraordinarios de la Parroquia de acuerdo con las normas diocesanas. Elaborar los presupuestos anuales de ingresos y gastos y vigilar por su cumplimiento una vez aprobados por la autoridad diocesana. Aprobar los balances económicos, que habrán de presentarse a la competente autoridad diocesana. Confeccionar y tener al día el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la Parroquia y cuidar de su conservación y rendimiento. Buscar el asesoramiento en cuestiones fiscales y económicas que puedan afectar a la economía de la parroquia. Informar de la marcha de la economía a la comunidad parroquial. ¿Quiénes lo componen? La Junta Económica está compuesta por el Párroco, que actúa como presidente, y por vocales en número no inferior a tres ni superior a cínco, propuestos por el Consejo Pastoral de la Parroquia y nombrados por el Vicario Episcopal por espacio de cuatro años.

“Los bienes eclesiásticos propiamente dichos, según su naturaleza, deben administrarlos los sacerdotes según las normas de las leyes eclesiásticas, con la ayuda, en cuanto sea posible, de expertos seglares, y destinarlos siempre a aquellos fines para cuya consecución es lícito a la Iglesia poseer bienes temporales, esto es, para el mantenimiento del culto divino, para procurar la honesta sustentación del clero y para realizar las obras del sagrado apostolado o de la caridad, sobre todo con los necesitados” (Presbyterorum ordinis, 17).

«En toda parroquia ha de haber un consejo de asuntos económicos que se rige, además de por el derecho universal, por las normas que haya establecido el Obispo diocesano, y en el cual los fieles, elegidos según esas normas, prestan su ayuda al párroco en la administración de los bienes de la parroquia, sin perjuicio de lo que prescribe el canon 532.» (Código de derecho canónico, canon 537).

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